“La libertad de expresión es la madre de todas las libertades”, me decía un profesor de la universidad cuando cursaba la carrera de Comunicación Social. Sin embargo, este derecho que tienen los ciudadanos se coarta fácilmente y más aun cuando se atenta contra las clases sociales de poder.
El periodismo es una de las profesiones más difíciles de ejercer, pues se tiene la presión de no caer en el subjetivismo y la necesidad de decir la verdad.
Durante muchos años en el país era casi imposible desarrollar periodismo de investigación por las limitantes que había para acceder a documentaciones de organismos públicos. No obstante esa realidad, someramente, ha cambiado desde que en el año 2004 se aprobara la ley de libre Acceso a la Información Pública (200-04).
Actualmente, amparada de este recurso legal, la periodista Alicia Ortega denunció los actos de nepotismo a los que incurren senadores y diputados del país al nombrar sus familiares directos a los que les pagan con el denominado “barrilito”.
Esta noticia originó el descontento del diputado de la provincia de Puerto Plata, Alfonso Crisóstomo, quien tiene a su hermano y a su padre como sus empleados, devengando excelentes sueldos, y asegura que no los cancelará.
El diputado, en vista de este hecho, presentó su proyecto de modificación a la ley 200-04, el cual consta de 11 enmiendas. Crisóstomo alega que esta ley permite que los comunicadores seamos “sensacionalistas” y que debe regularse la información que se suministra a los comunicadores sociales.
Se deben impedir que se modifique esta ley, pues es la única manera de exigir la transparencia en las oficinas estatales, además esta ley no sólo beneficia a la prensa, sino a la población en general, ya que los medios de comunicación son los ojos y oídos de la ciudadanía.
Considero que sería un atropello al derecho dominicano la modificación de esta ley que brinda el la garantía de poder acceder a las informaciones sobre el uso de los recursos del Estado.
La clase periodística dominicana debe unirse, como ya se ha hecho, para impedir esta opresión a la libertad de expresión por la que tanto se ha luchado a lo largo de los años.
Aunque apelando a la verdad, todavía existen instituciones donde no se aplica la ley a cabalidad, ni se han creado los departamentos de Libre Acceso a la Información Pública, cuando hace ya cinco años que se creó la ley y cuatro años que se promulgó bajo el decreto 130 del 2005.
No podemos dejar que algunos políticos del país que juegan con los fondos del Estado manejen a su antojo las leyes de la nación y mucho menos que para ocultar sus errores quieran modificar los reglamentos ya establecidos.
Permitir el cambio de la ley 200-04 es apoyar la corrupción y el mal uso de los fondos del Estado.
Comentarios